![3D"Incapacitación](3D"incapacitacion_archivos/image002.gif")
Cuando nace un niño con Parálisis Cerebral, el impacto
emocional que los padres reciben les impide en esos momentos reflexionar con
serenidad, ver el acontecimiento con cierta objetividad e imaginar que su v=
ida
puede reorganizarse.
Uno de esos elementos comunes que se pone ante los ojos de los padres, ya en
los primeros momentos, es: "Y cuando nosotros faltemos, ¿qu&eac=
ute;
será de él? ¿de quién
dependerá? ¿quién le cuidará?".
Los padres tenemos la obligación de prever y planificar todo aquello=
que
pueda facilitar a nuestros hijos su desarrollo personal y su bienestar. Ent=
re
estas medidas, y dando por supuestos los cuidados físicos, la primer=
a y
más importante por su eficacia y duración a lo largo de la vi=
da
es la de brindarles la mejor educación posible, gracias a la
cual, junto a cuantos conocimientos o formación académica pue=
dan
adquirir, alcancen el máximo de autonomía.
En segundo lugar, es preciso que hagamos planes de previsión
económica que puedan complementar en el futuro los que ellos mis=
mos
obtengan por su trabajo o por pensiones públicas de diverso
carácter. Cualquiera que sea el lugar en el que vivan, costará
mucho dinero que puedan mantener la calidad de vida que tienen mientras viv=
en
con sus padres.
Finalmente se plantea la necesidad de suplir o completar la capacidad de
obrar, en sentido jurídico.
Como es sabido, la mayoría de edad en España se produce a los=
18
años. Por ello, es conveniente que antes de que nuestro hijo cump=
la
la mayoría de edad, iniciemos el proceso de declaración de
incapacidad.
Qué es la incapacitación<=
/span>
La incapacitación constituye claramente un instrumento de
protección de las personas con discapacidad, y en concreto en nuestro
caso, de las personas con Parálisis Cerebral.
El artículo 49 de la Constitución Española proclama que
los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
las personas con discapacidad, a las que prestarán atención
especializada y las ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución establece qu=
e no
se puede discriminar a nadie por ninguna razón, y consecuentemente,
tampoco por deficiencias de capacidad.
Por tanto, las personas con discapacidad son sujetos de derechos y deberes =
al
igual que todas las demás personas, no sólo por su
condición de ciudadanos sino, esencialmente, por su condición=
de
personas.
Sin embargo, debido a su discapacidad, en muchas ocasiones no pueden
ejercerlos, y ese es el suplemento que el derecho debe proporcionarles,=
a
través de ese mecanismo que se llama incapacitación, en virtud
del cual, otras personas deben ejercitar sus derechos en su nombre y para su
beneficio, o simplemente asistirles completando así su capacidad.
La incapacitación es, pues, una declaración judicial que,
después de un profundo estudio de la personalidad del supuesto incap=
az y
con la participación de éste en el proceso, establece si es o=
no
capaz de gobernar adecuadamente su persona y sus bienes, pero no de forma
genérica, sino estableciendo de forma concreta qué actos con
relevancia social y legal puede o no puede realizar de acuerdo con las
características de su condición, que el Juez ha debido compro=
bar
minuciosamente.
Pero esa declaración judicial no crea nada nuevo, sino que pone de
manifiesto en términos jurídicos la realidad personal que ha
verificado, procurando siempre que sea lo menos restrictiva para el interes=
ado.
La capacidad de obrar y, por tanto, la capacidad jurídica se presume=
n siempre;
por eso nadie puede ser declarado incapaz, si no es por sentencia judicial =
en
virtud de las causas establecidas en la Ley.
Las causas de incapacitación las establece el Código Civil en=
su
artículo 200, que dispone que son causas de incapacitación=
las
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o
psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Los procesos de incapacitación
El proceso de incapacitación es un proceso civil contradictorio,
que termina con una sentencia judicial. En la actual Ley de Enjuiciamiento
Civil, es un proceso verbal (artículos 756 a 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
En este procedimiento tiene intervención el presunto incapaz. Es dec=
ir,
el presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y
representación. Esto no es lo normal en las personas con
Parálisis Cerebral; pero piénsese en procesos de
incapacitación de personas mayores, en los que pudieran existir inju=
stos
intereses económicos por parte de familiares u otras personas allega=
das.
Si el presunto incapaz no comparece en el juicio con su propia defensa y
representación, entonces es defendido por el Ministerio Fiscal; pero=
si
éste fuera el que hubiera promovido el proceso, la Ley obliga al
nombramiento de un defensor judicial.
¿Quiénes pueden promover el proceso judicial de
incapacitación?
Dice la Ley que son el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o
los hermanos del presunto incapaz (artículos 202 del C.C. y 757, 1 d=
e la
L.E.C.). En nuestro caso, lo normal es que promuevan el proceso los padres.=
Pero si no lo promueven las personas antes mencionadas, corresponde promove=
rlo
al Ministerio Fiscal. Por otro lado, cualquier persona está facultada
para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser
determinantes de la incapacitación y las autoridades y funcionarios
públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existenc=
ia
de una posible causa de incapacitación, deberán ponerlo en
conocimiento del Ministerio Fiscal (artículo 203 C.C. y 757, 2 y 3
L.E.C.).
No obstante lo anterior, la incapacitación de los menores de edad,
sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potest=
ad o
tutela (artículos 205 C.C. y 757, 4 L.E.C.).
Pruebas en el proceso de
incapacitación
Hay tres pruebas fundamentales e imprescindibles en el proceso de
incapacitación, que son:
a) La audiencia de los familiares más próximos del presunto
incapaz.
b) El examen del presunto incapaz por el Juez.
c) El dictamen pericial médico.
Dentro del proceso judicial de incapacitación el Juez tiene un papel=
muy
importante en el desarrollo de las pruebas, y puede y debe utilizar cualqui=
er
medio probatorio para comprobar la verdadera personalidad del presunto inca=
paz,
y poder así establecer cuál es el alcance real de su capacida=
d:
La sentencia que declare la incapacitación determinará la
extensión y los límites de ésta, así como el
régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapaci=
tado
(Artículos 210 C.C. y 760.1 L.E.C.).
Por tanto, la sentencia determinará si la incapacidad ha de ser plen=
a o
total, o restringida o parcial.
Es preciso poner de manifiesto que la sentencia de incapacitación no
impide que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo pro=
ceso
que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la
incapacitación ya establecida.
Consecuencias de la incapacitación
Como hemos visto, la sentencia debe determinar si la incapacidad ha de ser
total, o parcial o graduada, y en definitiva si el sujeto es incapaz para
gobernar su persona y sus bienes (incapacidad total), o sólo es inca=
paz
para gobernar sus bienes (incapacidad parcial).
En el primer caso, incapacidad total, se establecerá el régim=
en
de tutela, es decir, se designará un tutor, que es la persona encarg=
ada
de suplir la incapacidad de la persona incapaz, cargo que recaerá en=
los
padres, puesto que en los casos de hijos mayores de edad que fueran
incapacitados no se constituye propiamente la tutela, sino que se rehabilit=
a la
patria potestad (Artículo 171 C.C.). Los padres podrán en
testamento designar tutor para después de su muerte (Artículo=
223
C.C.).
En el caso de incapacidad parcial, se establecerá la instituci&oacut=
e;n
de la curatela y por tanto se designará al curador, que es la persona
encargada sólo de la asistencia del incapaz en los actos que é=
;l
no pueda realizar por sí sólo, que son en general todos aquel=
los
actos de administración de los bienes y patrimonio del incapaz.
Conclusión
¿Cuáles serían los actos para los que no están
capacitadas la generalidad de las personas con Parálisis Cerebral?
| 1.- |
Enajenar o gravar bienes inmuebles, objetos preciosos y valores mobiliarios, o adquirirlos. |
| 2.- |
Renunciar derechos, así como realizar transacciones.= |
| 3.- |
Realizar la partición de la herencia, o la división = de una cosa común. |
| 4.- |
Aceptar, sin beneficio de inventario, cualquier herencia, o repudi= ar ésta. |
| 5.- |
Hacer gastos extraordinarios en los bienes. |
| 6.- |
Ceder bienes en arrendamiento. |
| 7.- |
Dar y tomar dinero a préstamo. |
| 8.- |
Donar bienes o derechos. |
| 9.- |
Ceder bienes inmuebles a título de precario o comodato. |
| 10.- |
Garantizar deudas ajenas. |
| 11.- |
Celebrar contratos de arrendamiento financiero. |
| 12.- |
Constituir sociedades civiles o mercantiles. |
| 13.- |
Aportar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles, o industr= ias a sociedades capitalistas. |
Se dice que la incapacidad total supone la muerte civil de la persona. Nos
parece que no es en absoluto beneficioso ni adecuado para el desarrollo de
muchas personas con Parálisis Cerebral, y para su efectiva
integración social, la declaración sistemática y
generalizada de incapacitación total. Por el contrario, la
incapacitación parcial debe ser muy seriamente considerada como acto=
que
se ajusta mucho más a la realidad actual y a la dignidad de estas
personas.
REGULACIÓN DE =
LA
PROTECCIÓN JURÍDICA DE L=
AS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las instituciones tutelares se regulan como el instrumento legal para cubri=
r la
falta de capacidad de la personas declaradas como incapaces, que pueden ser=
lo
por causa de enfermedad o deficiencia persistente de carácter
físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse a s&iac=
ute;
misma y / o administrar sus bienes.
Se trata de facilitar al incapacitado los instrumentos legales para hacer v=
aler
sus derechos, supliendo su falta de capacidad.
Se distingue por primera vez entre disminuido y enfermo mental.
La declaración de incapacidad debe realizarse por medio de un proceso
judicial y dictarse por sentencia.
La incapacidad es graduada, flexible y provisional.
NORMATIVA REGULADORA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA
La actual normativa española se basa en la Ley 13/1983 de 24 de octu=
bre,
que reformó el titulo IX y X del vigente Código Civil.
En Cataluña, la Ley 9/1998, de 15 de julio que aprobó el
Código de Familia, modificando la ley 39/1191, de 30 de diciembre,
regula la institución tutelar con algunas característica
específicas distintas del Código Civil.
El C. Civil establece tres instituciones tutelares: la tutela, la curatela =
y el
defensor judicial y reconoce una situación de facto, el guardador de
hecho.
En los supuestos de que la persona mayor de edad incapacitada viva con sus
padres,. no se constituye la tutela, sino que se prorroga o se restablece la
patria potestad de los padres.
La TUTELA se establece como una
institución permanente y global de la persona al objeto de la guarda=
y
protección de la persona y / o de sus bienes. Viene a desempeñ=
;ar
las funciones paternales, o lo que es lo mismo el tutor debe actuar como un
buen padre de familia.
La tutela, a diferencia de las otras instituciones tutelares, es un
órgano estable que actúa de forma habitual y suple la capacid=
ad
de obrar del incapacitado. La Ley la configura como un deber, bajo la tutela
judicial.
La tutela la constituye el juez, respetando en lo posible la voluntad de los
padres manifestada en testamento o acta notarial, con intervención
preceptiva del Ministerio Fiscal, y se ejerce, asimismo, bajo la vigilancia=
del
juez, que actua de oficio, a solicitud del fiscal o de cualquier interesado.
Por ello se ha venido a calificar la tutela española como tutela
judicial, frente a la tutela familiar existente antes de la vigente normati=
va.
Existen una serie de controles periódicos de la acción del tu=
tor,
como es que debe elaborar el inventario de bienes dentro de los 60 dí=
;as
de haber aceptado la tutela, la rendición de cuentas anuales y una s=
erie
de acciones u omisiones que debe solicitar autorización judicial para
actuar o dejar de hacerlo.
La ley regula la forma y requisitos para el nombramiento del tutor, que pue=
de
ser una persona física o jurídica, sin ánimo de lucro y
cuyos fines sean los adecuados, los supuestos en los que una persona no pue=
de
ser nombrada tutor, el ejercio de la tutela y sus derechos y obligaciones y=
la
extinsión de la tutela. El tutor tiene como obligaciones el procurar
alimentos al tutelado, educarlo y procurarle la formación integral,
promover la adquisición o recuperación de la capacidad y su
integración social.
LA CURATELA
es una institución que cubre parcialmente la actividad de la persona
incapacitada, normalmente la faceta de su actividad económica y la
administración de sus bienes.
Interviene sólo en los actos en que el incapacitado no puede actuar =
por
si solo, normalmente los que según la ley precisan de
autorización judicial previa. Viene a ser como un asesor o controlad=
or,
al objeto de que no se manipule o desvirtue la actuación del incapaz=
. Si
en la tutela el tutor representa al tutelado sustituyéndolo, el cura=
dor
no sustituye a la persona, sino que le asiste complementando su capacidad.<=
br>
EL DEFENSOR JUDICIAL es una
institución tutelar provisional y transitoria para actuaciones concr=
etas
al objeto de amparar y defender los intereses del incapaz, cuando existe
conflicto de intereses entre menores o incapacitados y sus representantes
legales, en el caso de que el tutor o curador no desempeñe aún
sus funciones, en el supuesto de que el fiscal inste la incapacidad, el juez
debe nombrar un defensor judicial, y en los casos previstos por la ley.
Son aplicables al curador y defensor judicial las causas de inhabilidad,
excusas y remoción de los tutores.
EL GUARDA DE HECHO
Viene obligado a informar al Juzgado de la persona y los bienes del presunto
incapaz y sus actos no serán impugnados si redundan en utilidad de la
persona incapaz.
EL ADMINISTRADOR PATRIMONIAL
La citada ley que reformó el Código Civil prevé la
posibilidad de que los padres prevean el establecimiento de un administrador
patrimonial distinto al tutor, con el que puede subsistir, cuidando el prim=
ero
del patrimonio y el segundo de la persona. También la persona que de=
ja
bienes a un incapacitado puede designar a su administrador patrimonial. Las
funciones no conferidas al mismo recaerán en el tutor.
CONSEJO DE TUTELA.
El Código de Familia de Cataluña restablece lo que el antiguo=
C.
Civil denominaba Consejo de Familia, aunque lo hace de forma optativa por p=
arte
de los padres y con características distintas. Lo forman de 3 a 5
personas, no necesariamente familiares, que deciden en asuntos econó=
micos
sin necesidad de acudir al juzgado, y que vela por el buen desarrollo de la
tutela, intentando agilizar las autorizaciones judiciales. La curatela en
Cataluña no prevé que el curador tenga la representació=
;n
legal del curado, sino única y exclusivamente se limita a completar =
la
incapacidad de la persona, asistiendo al mismo.
LA AUTOTUTELA es una figura jurídica interesante y
necesaria, establecida en Cataluña por ley 11 /1996, según la
cual toda persona puede prever la designación de tutor o curador par=
a el
supuesto de que devenga incapaz.
INCAPACITACIÓN Y TUTOR LEGAL.
=
TUTELA / INCAPACIDADES
JUZGADOS ESPECIALIZADOS.
La competencia para conocer de los procedimientos de
incapacitación y tutela recae en los Juzgados de Primera Instancia d=
el
lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración de
incapacidad.
En ciudades como Madrid existen Juzgados especializados en
materia de incapacidad y tutela, debiendo acudir en el resto de las poblaci=
ones
a los Juzgados ordinarios de Primera Instancia.
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COMUNIDAD DE MADRID
FISCALÍA DE MADRID
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C/
María de Molina,42 28006-Madrid(MADRID)
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